La Casa Blanca considera abandonar el uso de centros de detención inmigratoria privados

El gobierno de Obama considera la opción de poner fin a la práctica de mantener a los inmigrantes detenidos en centros con fines de lucro, semanas después de que la Oficina Federal de Prisiones anunciara que dejará de usar cárceles privadas.

El secretario de seguridad nacional, Jeh Johnson, cuya agencia incluye el servicio de inmigración y la Patrulla Fronteriza, ordenó a finales de agosto una revisión de opciones para poner fin al uso de instalaciones privadas.

De concretarse, esa decisión marcaría una gran victoria para la coalición de grupos de derechos civiles y de organizaciones defensoras de inmigrantes que intentan hace tiempo detener el crecimiento de la industria de las prisiones privadas. Los centros de detención de inmigrantes alojan muchos más detenidos que las instalaciones privadas del sistema penitenciario federal.

Pero los funcionarios de inmigración se oponen a la idea, argumentando que no tienen otra alternativa rentable a las instalaciones privadas y que otras opciones podrían ser peores. “Sería muy perjudicial”, señaló un alto funcionario de Inmigración y Aduanas, quien comentó de forma anónima acerca del debate interno. Recortar las empresas privadas del sistema costaría a los contribuyentes miles de millones de dólares más al año, y tomaría más de una década para implementar la alternativa, advirtió el funcionario.

Se espera que el Consejo Asesor de Seguridad Nacional de Johnson emita su recomendación a fines de noviembre. El secretario no ha indicado de qué lado del debate se encuentra.

Nueve de los diez mayores centros de detención inmigratoria del país son operados por empresas privadas y contienen cerca de dos tercios de los arrestados en un sistema que mantiene actualmente en custodia a más de 31,000 personas en un día típico.

Mientras que algunos centros se ubican en áreas limítrofes, otros están muy lejos de la frontera porque los oficiales de deportación arrestan a inmigrantes que viven también en zonas del interior del país

El gobierno federal tiene contratos con cuatro centros de detención gestionados de forma privada en California, que albergan cerca de 3,700 personas por día, entre ellos inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo, titulares de tarjetas de residencia y aquellos que aguardan audiencias de inmigración.

La Legislatura de California aprobó recientemente una ley que impediría a los gobiernos locales contratar compañías privadas que deseen operar centros de detención inmigratorios en el estado. La medida del Senado 1289, también conocida como la ‘Ley Dignidad, no Detención’, se encuentra ahora en el despacho del gobernador Jerry Brown.

El gobierno de Obama ha presupuestado $2.100 millones para las operaciones de detención en 2017, un ligero descenso en comparación la cifra de 2016, puesto que la administración se ha propuesto reducir el número de personas en situación de detención cada día de 34,000 a cerca de 31,000, incluyendo las 960 camas de familia.

La agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estima que el costo de albergar a una persona en un centro de detención de inmigrantes es de $127 por día, y de $161 para aquellos que permanecen en instalaciones diseñadas para familias. ICE no ha revelado públicamente cuánto de ese dinero se destina a las instalaciones privadas, pero un análisis del presupuesto federal realizado por Grassroot Leadership, una organización con sede en Austin, Texas, que se opone al uso de compañías privadas, indica que cerca de la mitad del gasto anual -o aproximadamente $1,000 millones por año- fueron destinados a empresas.

Defensores de los derechos civiles han documentado un patrón de mala atención médica y de abuso dentro de las instalaciones privadas durante los últimos años. También sostienen que estas prisiones tienen como incentivo recortar servicios y reducir costos. Aunque las acusaciones de abuso no se limitan a los centros privados, “ciertamente vemos que muchos de estos problemas se magnifican cuando una compañía busca sacar más ganancia de un centro de detención”, señaló Bob Libal, director ejecutivo de Grassroots Leadership.

Una revisión realizada por expertos médicos acerca de las muertes de 18 migrantes en poder de las autoridades de inmigración entre 2012 y 2015 reveló que la atención médica deficiente había influenciado por lo menos en siete casos de fallecimientos, según un informe de Human Rights Watch publicado en julio pasado.

En diciembre de 2012, por ejemplo, un hombre de Guatemala, de 34 años y llamado Manuel Cota-Domingo, murió de enfermedad cardíaca y complicaciones relacionadas con diabetes y neumonía, poco después de ser trasladado a un hospital en Phoenix desde el Centro de Detención Eloy, una instalación privada dirigida por Corrections Corporation of America, unas 60 millas al sureste de dicha ciudad. Cota-Domingo había manifestado problemas para respirar tres horas antes de obtener una respuesta concreta por parte de los oficiales y de ser revisado por los médicos. Estos retrasos, probablemente, influyeron en su muerte, según señala la revisión del expediente realizada por expertos médicos.

Funcionarios de ICE, sin embargo, advierten que si deben reducir o eliminar los centros de detención privados podrían verse obligados a alojar más detenidos en las cárceles estatales y locales, debido a que el propio gobierno federal no cuenta con suficientes centros propios. Eso podría ser aún peor para los detenidos, sostienen, porque las condiciones de las cárceles son muchas veces más duras que las de los centros de detención privados, y es más difícil para los oficiales de inmigración supervisarlas. El uso de prisiones también significaría poner a detenidos que no han sido acusados de crimen alguno en instalaciones donde estarán en contacto con criminales potencialmente peligrosos.

Geo Group y Corrections Corp. of America, los principales operadores de los centros de detención privados, sostuvieron que aceptarán gustosamente la revisión de sus prácticas de negocio por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Geo Group expresó en un comunicado que sus instalaciones “están altamente calificadas y proveen servicios de calidad y rentables, en entornos residenciales seguros y humanos, de conformidad con los estrictos requisitos contractuales y las normas nacionales del gobierno federal”. Por su parte, Corrections Corp. of America afirmó que “está orgullosa de la calidad y el valor de los servicios que ofrecemos, y esperamos poder compartir esa información con el panel asesor”.

Sin embargo, un exfuncionario de alto rango de ICE dijo que ha llegado el momento de volver a examinar la dependencia del gobierno con las empresas privadas para este tipo de detenciones. “Deberían hacer una verdadera revisión en profundidad”, sostuvo Alonzo Peña, quien fue director adjunto de Inmigración y Control de Aduanas entre 2008 y 2010. Peña aseguró que siempre lo preocupó que las empresas con fines de lucro contraten a antiguos funcionarios de inmigración para asegurarse condiciones contractuales favorables. “No son sitios operados en mejores condiciones, no están mejor gestionados ni proporcionan un mejor servicio”, puntualizó.

Si el servicio de inmigración dejara de utilizar las instalaciones privadas sería necesario implementar grandes cambios. El gobierno federal dejó de formar a sus propios oficiales de detención de inmigrantes en 2002, durante la enorme reorganización burocrática que creó el Departamento de Seguridad Nacional, luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

“Antes de que algo de esto ocurra, las instalaciones que empleamos actualmente deben ser reemplazadas; esa es básicamente la única manera, o nosotros nos quedaremos sin trabajo”, afirmó Chris Crane, presidente del Consejo Nacional de Inmigración y Control de Aduanas, el sindicato que representa a los oficiales de deportación federal. Eliminar los centros privados “no puede ser una excusa para no detener a nadie, o para dejar a delincuentes en la calle nuevamente porque no podemos encerrarlos”, dijo.

La reducción del número total de personas detenidas, sin embargo, es exactamente lo que muchos grupos defensores de inmigrantes y de derechos civiles piden hace tiempo. Estas agrupaciones argumentan que el gobierno podría permitir que más organizaciones comunitarias respondan por los inmigrantes y trabajen con las cortes para asegurar que estas personas se presenten a sus audiencias de deportación y otros procedimientos.

Incluso si el gobierno federal diera totalmente por terminado su uso de centros de detención privados, la industria de las prisiones privadas podrían prosperar de todas formas, puesto que la mayoría de las personas detenidas en los EE.UU. están en manos de gobiernos estatales y locales, y no de las autoridades federales. Muchas prisiones y cárceles locales están a cargo de empresas privadas.

De todas formas, la decisión de Washington de reducir su principal vínculo con la industria podría establecer un patrón que los estados podrían seguir, lo cual sí sería un golpe significativo a la industria.

A mediados de agosto pasado, el gobierno decidió dejar de usar instalaciones de gestión privada para los presos federales. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Prisiones determinaron que las instalaciones privadas no fueron sustancialmente más económicas que las administradas por el gobierno, y que no proporcionaron “el mismo nivel de servicios correccionales, programas y recursos”, según un memorando escrito por la fiscal general adjunto Sally Yates.

Traducción: Valeria Agis

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