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BEIJING — Wang Yu era una valiente abogada de derechos humanos que desafiaba las amenazas políticas para defender a escolares maltratados, feministas encarceladas y minorías perseguidas. Ese desafío la enemistó con su gobierno y la llevó a enfrentar tres años de prisión.
Solo una cosa pudo hacerla transigir: su hijo.
Wang fue la primera de más de 200 individuos que fueron arrastrados hace más de cinco años en una ofensiva contra abogados y activistas de derechos humanos en China. Después de más de un año en detención secreta, donde fue sometida a interrogatorios con grilletes, aislamiento y privación del sueño, hizo una confesión forzada.
Apareció en la televisión estatal y culpó a las fuerzas extranjeras por adoctrinarla con “ideas como los valores universales occidentales, la democracia y los derechos humanos, para atacar y difamar al gobierno... Soy china. Solo puedo aceptar el liderazgo del gobierno chino”, afirmó.
A cambio, prometieron sus captores, al hijo adolescente de Wang, Bao Zhuoxuan, se le permitiría viajar al extranjero.
El año pasado, el joven buscó asilo en Estados Unidos. Pero -como si fuera un caso de uno de los archivos antiguos de su madre- Bao aterrizó en un centro de detención en el desierto al noreste de Los Ángeles. Pasó un mes allí, entre cientos de otros solicitantes de asilo e inmigrantes, antes de que le concedieran libertad condicional.
Madre e hijo se han convertido en personajes de un giro del destino poco envidiable, aunque irónico. Wang recibió este mes el premio International Women of Courage (Mujeres internacionales de valor) del Departamento de Estado de EE.UU. Los agentes de seguridad chinos le impidieron participar de la ceremonia en línea, la sometieron a vigilancia las 24 horas y le prohibieron el uso de internet durante varios días.
Mientras tanto, el hijo, ahora de 21 años, se encuentra en un limbo legal por el mismo gobierno que honró a la madre. El muchacho permanece en Los Ángeles con su pasaporte confiscado, a la espera de que la corte de inmigración decida si se le permite quedarse en Estados Unidos o es deportado de regreso a China, donde podría ser encarcelado.
La historia de Wang Yu y Bao Zhuoxuan es un testimonio de la opresión en China, pero también un vistazo a lo que los abogados de derechos civiles contemplan como el fracaso de Estados Unidos en defender los derechos humanos en el territorio nacional en referencia a su trato a los migrantes y solicitantes de asilo. Esa contradicción es especialmente crítica hoy en día, mientras la administración Biden busca contrarrestar el creciente poder de China a través de “alianzas basadas en valores” con países democráticos.
Para los funcionarios y los medios estatales chinos, las fallas occidentales en materia de derechos humanos son una forma de desviar las críticas contra su propio gobierno represivo. Para familias como la de Wang, que han arriesgado todo para garantizar la seguridad y la libertad de sus hijos, son una cuestión de vida o muerte.
Wang ejerció la abogacía comercial hasta 2008, cuando, según informes, le impidieron subir a un tren en Tianjin y agentes de seguridad pública la atacaron cuando protestó. Ella denunció el comportamiento de los agentes, pero fue acusada de “agresión intencional” y encarcelada durante dos años y medio. Su hijo, Bao, tenía por entonces nueve años.
La experiencia cambió la visión de Wang sobre su profesión. Se dio cuenta, afirmó, de que la ley en China era inútil cuando se buscaba desafiar a quienes estaban en el poder. “La ley solo está hecha para mostrarle al mundo exterior que el sistema legal chino es grandioso. Si se intenta usar la ley de verdad, ello perjudica los intereses [de las autoridades]”, manifestó Wang. “Pero quiero ser una persona de ley”.
La legista pronto se unió a un movimiento de abogados de derechos humanos y se hizo cargo de casos delicados, incluido el del intelectual uigur Ilham Tohti y miembros del grupo religioso prohibido Falun Gong. Así, se hizo conocida de una manera peligrosa.
El presidente chino, Xi Jinping, que llegó al poder en 2012, veía a la sociedad civil, los abogados, los periodistas y el concepto mismo de derechos humanos como una amenaza para el gobierno del Partido Comunista. Cuando lanzó una ofensiva contra los abogados, en julio de 2015, Wang fue la primera en ser arrestada.
Estaba sola en casa esa noche, esperando que su esposo enviara a Bao, entonces de 16 años, en un vuelo largamente esperado, para estudiar en Australia. Las luces se apagaron de repente. Más de 10 hombres derribaron la puerta de la abogada con un taladro eléctrico. La empujaron al suelo, la esposaron y le pusieron una bolsa en la cabeza.
En el aeropuerto, la policía rodeó y separó a Bao de su padre. El joven estuvo encerrado en una habitación de hotel durante varios días y luego fue enviado con sus abuelos en su ciudad natal en Mongolia Interior. Su padre, también abogado, fue encarcelado.
El adolescente decidió huir. Pasó de contrabando a través de la provincia de Yunnan, en el sur de China, y cruzó la frontera hacia Myanmar en octubre de 2015. Pasó cuatro días allí antes de que la policía china lo llevara de regreso a la frontera.
Bao dijo que la policía lo golpeó con palos y lo amenazó de muerte. Lo interrogaron y lo acusaron de estar respaldado por “fuerzas extranjeras”. “Incluso si te matamos a golpes y te arrojamos a la naturaleza, aquí, a nadie le importará. Tu cadáver no será hallado”, recordó Bao, en una entrevista con The Times, que le gritaban. “Sentí un inmenso terror”, añadió. “Dejé de resistirme muy rápido”.
La policía lo detuvo durante otra semana, a menudo lo despertaban a la 1 a.m. para interrogarlo y lo obligaban a firmar confesiones criminales.
Luego lo enviaron de regreso a Mongolia Interior. La policía se mudó al apartamento frente a él e instaló cámaras de reconocimiento facial en la puerta principal. Una alarma sonaba cada vez que salía. Las autoridades conducían a Bao ida y vuelta a la escuela todos los días, instalaron cámaras en su salón de clases y seguían todos sus movimientos. “A diario levantas la cabeza y ves cámaras. En todo momento te están observando y monitoreando”, relató Bao.
“Él solo tenía 16 años, pero vivía aterrorizado”, agregó Wang. Durante meses, se había negado a hacer una “confesión” a pesar de los repetidos abusos en prisión. Pero cuando las autoridades le mostraron una foto de Bao en la comisaría de policía de Yunnan, ella lloró y luego entregó su “confesión”.
Todos los días levantas la cabeza y ves cámaras. En todo momento, en todos los momentos, te están observando y vigilando.
— Bao Zhuoxuan
Tomó dos años y dos intentos más, después de la liberación de Wang, sacar a Bao de China, incluido otro enfrentamiento en el aeropuerto donde la policía recortó el pasaporte del joven. Solo después de que Wang “se volvió loca”, relató ella misma, concediendo entrevistas a medios extranjeros y tratando de realizar protestas por su hijo, que las autoridades le permitieron volar a Australia, en 2018.
Antes de irse, los agentes de seguridad del estado amenazaron a Bao. “Mantén un perfil bajo”, le dijeron. El chico obedeció, absteniéndose de la defensa pública durante dos años. “Aunque me han amenazado, no les tengo miedo”, remarcó. “Pero sí temo por lo que les harán a mis padres”.
Bao creció escuchando sobre las personas a las que sus padres intentaban ayudar: peticionarios que habían sido enviados a hospitales psiquiátricos porque clamaban por justicia, gente cuyas casas habían sido demolidas en contra de su voluntad, individuos pobres que solicitaban ayuda social y eran rechazados, luego golpeados por la policía.
“Desde que era joven, observé que la sociedad china no es igualitaria. Si eres un funcionario, tienes más poder y derechos que los demás”, relató Bao. “Mis padres nunca me trasladaron ningún tipo de odio hacia el partido o hacia China… Pero cuando vi estas cosas, sentí que esta sociedad no es normal y necesita un cambio”.
En marzo de 2020, Bao salió de Australia con una visa de turista para Estados Unidos, con la esperanza de continuar sus estudios y buscar asilo. Fue detenido por funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y enviado al centro de detención de Adelanto, una antigua prisión al noreste de L.A., ahora convertida en centro de detención de inmigrantes administrado por GEO Group, una empresa privada de gestión de prisiones que trabaja con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Es una prisión se le mire por donde se le mire, excepto por el nombre”, comentó Robyn Barnard, abogada sénior de Human Rights First, una organización sin fines de lucro que hace campaña por los derechos humanos en Estados Unidos y está ayudando con el caso de asilo de Bao.
La detención desencadenó pesadillas, ansiedad y otros síntomas postraumáticos que Bao ha tenido desde su confinamiento en China. “Mi estado mental era realmente malo”, reconoció.
El joven pasó alrededor de un mes en Adelanto, al cual calificó como “relativamente mejor” que la detención en China: la comida era preferible y no había trabajo forzoso. No se esposaba a los detenidos y, en ocasiones, se les permitía salir al exterior durante períodos cortos. También había muchos chinos con quienes hablar, comentó.
Bao temía poner en peligro a sus padres si los llamaba. Entonces notificó a sus amigos, quienes ayudaron a plantear su caso ante Human Rights First y ante agencias del gobierno de Estados Unidos que sabían sobre las duras pruebas que madre e hijo venían enfrentando.
El muchacho fue puesto en libertad condicional, comentó Barnard, el único caso de asilo que obtuvo tal beneficio en Adelanto de todos sus internos en los últimos tres años. ICE afirma que la estadía promedio en detención es de 55 días, pero algunos inmigrantes han pasado años en esa situación, esperando sus audiencias.
La detención de solicitantes de asilo era común durante la administración Trump, señaló la abogada; parte de una política más amplia para disuadir a las personas de buscar asilo en Estados Unidos. “Fue diseñada para empujar a la gente a darse por vencida y decir: ‘No puedo hacerlo’. Pero estos individuos están huyendo de la persecución”, añadió Barnard. “¿A dónde van a ir?”
A los liberados en libertad condicional, como Bao, uno de los más de 600.000 solicitantes de asilo que esperan la decisión sobre su estado, se les confiscan los pasaportes, lo cual dificulta tareas básicas como abrir una cuenta bancaria u obtener una licencia de conducir. No pueden trabajar a menos que esperen alrededor de 12 meses y luego reciban una aprobación especial.
La pandemia ha retrasado las audiencias; la cita de Bao en la Corte, previsto para enero pasado, se retrasó hasta este verano y puede demorarse aún más. El joven, de todas formas, enfatizó que está mejor de lo que estaría en China. “Es muy difícil para mí vivir aquí”, expresó. “Pero si lo comparamos con la vigilancia de 24 horas del pasado, sigo pensando que la vida [en Estados Unidos] es mejor. Al menos ahora soy libre. Estoy feliz por eso”.
Los casos de derechos humanos como el de Bao son un poderoso material para la propaganda china. La semana pasada, China expresó una “profunda preocupación” en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la detención de solicitantes de asilo por parte de Australia. Desde 1998, ese país publica un informe anual sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Sus funcionarios han afirmado repetidamente durante el último año que los exitosos métodos de control de la pandemia en China la convierten en la mejor garantía de los derechos humanos “reales”.
Esas afirmaciones son intentos de ese país de distraer de sus propias violaciones a los derechos humanos, incluido el encarcelamiento masivo de minorías étnicas en Xinjiang y la destrucción de las libertades democráticas en Hong Kong. Pero han ganado popularidad en los últimos años, especialmente cuando Estados Unidos abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el gobierno de Trump.
La administración Biden prometió reenfocarse en los derechos humanos. Washington se ha pronunciado sobre temas como Xinjiang y Hong Kong, y otorgó premios a personas valientes, incluida Wang. Pero para reafirmar la autoridad moral en el extranjero, señalan los defensores de los derechos humanos, Estados Unidos debería primero demostrar con el ejemplo moral puertas adentro.
“Si el Sr. Bao hubiera venido a nuestra frontera sur durante la pandemia, habría quedado atrapado en México o sido expulsado para enfrentar un tipo de encarcelamiento en China”, señaló Barnard. “Estados Unidos critica al gobierno chino por su persecución de uigures, activistas chinos y la represión de la democracia en Hong Kong. ¿Le daremos la bienvenida a quienes huyen de esas violaciones o seguiremos encerrándolos en cárceles?”.
Wang habló con The Times en Beijing poco después de recibir su premio al coraje. Está preocupada por la destitución de los abogados chinos que defendían a los manifestantes y activistas de Hong Kong que documentaron el bloqueo de Wuhan durante los primeros días de la pandemia. Menos abogados están dispuestos o pueden aceptar casos de derechos humanos, incluso cuando los acusados en esos casos reciben sentencias severas.
A Wang se le impide en gran medida ejercer la abogacía en China. Las firmas legales que intentan contratarla fueron amenazadas por agentes de seguridad del estado. Pero aún brinda asesoramiento legal como “defensora de los ciudadanos” en casos de derechos humanos, aunque tiene prohibido salir del país y es monitoreada constantemente.
“En China, los abogados de derechos humanos se encuentran en una situación peligrosa. Sin atención internacional, pueden ser arrestados en cualquier momento”, explicó. “Cada uno de nosotros es solo un individuo, pero a lo que nos enfrentamos es a toda la maquinaria estatal”.
Su voz se suavizó mientras hablaba de su hijo. El joven es alto pero delgado, “físicamente no muy fuerte”. Tiene una voz baja, como su madre, pero es terco a la hora de tomar sus propias decisiones. A veces le oculta cosas, agregó.
Una vez, poco después de su liberación, Wang intentó hablarle sobre la detención: “Hijo, escucha mis palabras”, comenzó. “He sufrido muchas dificultades. Me pusieron esposas y grilletes”. Bao la miró. “¿Quién no ha estado esposado y encadenado?”, le respondió.
Wang cree que su hijo recibirá asilo. “Estados Unidos tiene un sistema legal más completo y funcional”, señaló. Pero está preocupada por Bao. Siente que no sabe en realidad cómo está él, si se siente solo, a quién puede acudir si tiene miedo.
Cuando el muchacho estaba en el extranjero y no se encontraba bien, se aislaba de sus padres; solo les decía: “No tengo ganas de hablar”.
Wang desea poder salir de China para volver a ver a Bao, para cuidarlo como lo hacía cuando era pequeño. “A veces me duele el corazón”, afirmó. “Él es mi único hijo”. Pero ahora todo está más allá de su alcance.
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